El acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y esencial para garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles.
La educación no es una mercancía. Por ello, la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior pide a los Estados no suscribir tratados de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo.
Las universidades deben ejercer con autonomía su papel crítico y propositivo frente a la sociedad, sin límites impuestos por los gobiernos en turno, creencias religiosas, el mercado o intereses particulares, expusieron rectores de América Latina, en la declaración de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) para América Latina y el Caribe, celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, a la cual pertenece la UNAM.
Organizada por UNESCO-IESALC, la Universidad de Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la República Argentina, la CRES 2018 es una de las reuniones preparatorias para la Conferencia Mundial de Educación Superior que se llevará a cabo en París en 2019, y marca el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, en defensa de la autonomía y democratización de la universidad pública.
En la reunión se debatió el escenario actual de la educación superior en América Latina y el Caribe, y las estrategias para los próximos 10 años con miras a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La declaratoria enfatiza que la defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de actualidad en América Latina y, al mismo tiempo, es una defensa del compromiso social de las universidades.
Los participantes en la CRES, realizada en Córdoba, Argentina, destacaron que las instituciones de educación superior (IES) están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región.
Además, reafirmaron el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados.
Asimismo, expusieron que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y esencial para garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles de la región, mediante la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.
La educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad, sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.
También se expone que mujeres y hombres de América Latina y el Caribe, con las transformaciones vertiginosas que se producen en la región, convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable.
La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades, a esto se suma la desigualdad de género, que se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.
De ahí que la ciencia, las artes y la tecnología deben ser los pilares de cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.
Por ello, se insta a los Estados de América Latina y El Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles.
“La educación no es una mercancía. Por ello, solicitamos a nuestros Estados nacionales no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo, así como también a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia y la tecnología”, resalta la declaratoria de la CRES.
Como estrategia, se pide a los Estados asumir el compromiso irrenunciable de regular y evaluar a las instituciones y carreras, de gestión pública y privada, cualquiera que sea la modalidad, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y el egreso de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión y pertinencia local y regional.
En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la UNESCO (2030), los participantes de la CRES piden a los Estados promover una política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión a profundidad de los procedimientos de acceso al sistema y la generación de políticas de acción afirmativas –con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.
Trabajo por hacer
En pleno siglo XXI, millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos están excluidos del actual progreso social, cultural, económico y tecnológico.
“La educación superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente”.
Sólo con ello, se reitera, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y la responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso.
Artículo extraído de El Heraldo del Saltillo: La educación superior, clave para fortalecer las democracias
