Se puso en marcha esta semana en Córdoba la III Conferencia Regional de Educación de América Latina y el Caribe (CRES 2018), que es considerado uno de los encuentros clave para debatir el futuro de la educación superior en la región.
El cónclave coincide con la celebración del centenario de la Reforma Universitaria de 1918 y generó enormes expectativas en relación con los desafíos que enfrenta la universidad pública en tiempos de recetas del FMI y recortes de partidas presupuestarias.
En teoría, la conferencia tiene como propósito concertar la denominada Declaración y Plan de Acción sobre la Educación Superior en los países de la región. Según se explica en la página web de la organización del encuentro, que se extiende hasta este fin de semana, la idea es que esa declaración y plan de acción se base en una “perspectiva del desarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificando la responsabilidad de los Estados de garantizar la Educación Superior como bien público y derecho humano y social”.
Pero alcanzar esa meta exigirá, sin dudas, un esfuerzo enorme en momentos en que en varios países de la región los gobiernos aplican políticas de ajuste y, en el caso particular de Argentina, se prepara para experimentar una vez más con las exigencias del Fondo Monetario Internacional que, a no dudarlo, impactará de lleno también en la educación superior.
En ese contexto, en la Conferencia Regional que se lleva a cabo en la provincia mediterránea se presentó un estudio del Banco Mundial sobre Educación Superior en América Latina en el que se señala la falta de “mecanismos regulatorios” que, sin limitar el acceso a la universidad, eviten “las distorsiones” y la “regresión económica” que se generan cuando los recién graduados no encuentran empleos acordes con los niveles de formación alcanzados.
El informe del organismo de crédito plantea que en los últimos años hubo un crecimiento explosivo de la matrícula universitaria en América Latina, y que en forma paralela se dio de hecho una “flexibilización” de las regulaciones de los países para que las instituciones entren a la oferta de programas académicos.
Según interpretó el coordinador del Banco Mundial del programa de Educación Superior para América Latina, el mexicano Francisco Marmolejo, la “universalización de la educación básica y media se tradujo en una mayor presión demográfica para acceder a la educación superior, con lo que crecieron también las instituciones que brindan estudios universitarios”.
Para el especialista, en los países de la región esta cuestión se resolvió mediante “una flexibilización de las regulaciones para permitir que menos instituciones públicas, pero sobre todo privadas, entren a la oferta de programas académicos, un poco con la idea de que el mercado iba a regular tarde o temprano este desequilibrio”.
El problema, de acuerdo con lo que plantea este funcionario del Banco Mundial, es que “la capacidad del mercado de regular no es tan rápida, ya que las instituciones lo que hacen es poner apta a una persona para el mercado laboral en cuatro o cinco años y en la medida en que no haya mecanismos regulatorios intermedios, la gente se forma, estudia, pero no tiene trabajo”.
Otra de las observaciones que hizo el académico mexicano es que “el concepto de gratuidad absoluta técnicamente no existe”, y destacó que en algunos países “este concepto de que el alumno no deba pagar nada causa distorsiones e inclusive un efecto regresivo desde el punto de vista económico”.
No obstante, dijo que los gobiernos deben garantizar el total acceso a la educación superior, en especial a los sectores más desfavorecidos, “lo que probablemente implique generar sistemas diferenciales para ellos, mientras que los más favorecidos que se graduaron, deberían contribuir parcialmente al costo de la educación para beneficiar a los que no tienen esa oportunidad”.
Por otra parte, sostuvo que la reunión en Córdoba servirá para replantear el concepto de autonomía universitaria, ya que las circunstancias que vive el mundo actualmente son más complejas que las presiones coyunturales que derivaron en la Reforma de 1918, que dio paso a esta primera idea de autonomía.
Es indudable que los retos que enfrenta la educación superior, y en especial la universidad pública, en esta coyuntura económica y política que viven los países de la región, y en especial la Argentina, son enormes. Es de esperar que las medidas que tomen los gobiernos no impliquen un retroceso.
